ETA anuló por el 11-M un macroatentado en Madrid con cuatro coches bomba simultáneos

El juez Garzón se resiste a dejar a «Mikel Antza» en Francia y pide su entrega inmediata a España

La banda terrorista ETA planeó a principios de este año una cadena de atentados en Madrid, para el pasado mes de junio, con cuatro coches bomba dispuestos en varios puntos de la capital. Pero debido a los atentados del 11 de marzo, la organización terrorista se vio obligada a suspender estos planes. Así lo ha revelado a agentes de la Guardia Civil el camionero Pedro Antonio Alcantarilla, que fue detenido el pasado domingo en Burgos con motivo de la macrooperación contra ETA en Francia y en la que fueron arrestados los jefes «Mikel Antza» y su compañera «Anboto».

J. M. Z. / Josefa Rodríguez

Madrid- El camionero Pedro María Alcantarilla, que fue detenido el pasado domingo en Burgos en el transcurso de la operacion en la que la Guardia Civil desmanteló el «aparato de logística» de ETA, manifestó a la Benemérita que la banda tenía previsto realizar un atentado en el mes de junio con cuatro coches bomba que iban a estallar simultáneamente en Madrid. Este individuo explicó que sabía este dato porque se lo había comentado su responsable en Francia Juan Cruz Maiza. Según Pedro María Alcantarilla, los atentados fueron suspendidos por su cercanía en el tiempo con la matanza perpetrada en Madrid por terroristas islamistas el 11 de Marzo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.

Por otra parte, tal y como adelanto este periódico este verano, la organización criminal había decidido, tras el 11-M, reanudar los atentados de una manera progresiva, «sin hacer demasiado ruido», y por eso colocó las bombas de escasa potencia en Asturias, Cantabria y Galicia. Las declaraciones de Alcantarilla vienen a ratificar estas informaciones y demuestran que ETA abrió un debate tras el atentado islamista.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó ayer por la tarde el ingreso en prisión incondicional del camionero español Pedro María Alcantarilla, detenido el pasado domingo en Burgos. El magistrado imputa a Alcantarilla los delitos de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos. El detenido, que se negó a declarar ante el juez, recibió 66.000 euros de ETA para construir el zulo descubierto bajo su casa, en la localidad francesa de Urrugne.

En el auto de prisión dictado por Fernando Andreu se recuerda que en su vivienda situada en la localidad vasco-francesa de Urrugne, donde residía con su mujer Lourdes Urdanpilleta, también arrestada el pasado domingo, la policía francesa localizó una importante cantidad de material explosivo, granadas, detonadores, armas y munición. En concreto, en la vivienda existía un zulo de unos 40 metros cuadrados, con un sistema hidráulico muy sofisticado que se activaba con un mando a distancia. En el interior de ese zulo había 250 kilos de clorato, 70 de azufre, 4 kilos de polvo de aluminio, un cordón detonante, 30 granadas, 31 lanzagranadas, 12 granadas de fabricación artesanal de las llamadas «Jotake» y un misil tierra aire de fabricación rusa. El auto de prisión, el juez explica que hay indicios suficientes para acusara Alcantarilla de facilitar nombres de personas «captables» para ETA.

Pedro María Alcantarilla reconoció también en sus declaraciones policiales que recibió de ETA 66.000 euros para habilitar el zulo de su domicilio. La declaración del detenido se inició en torno a las tres de la tarde, pero se suspendió a petición del abogado de la defensa Zigor Reizabal, después de que Alcantarilla sufriera una «crisis de ansiedad» y se echara a llorar. La comparecencia se reanudó en torno a las seis de ayer.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cursó ayer una euroorden a Francia en la que reclamó la entrega inmediata del dirigente de la banda terrorista ETA Mikel Albizu, «Antza», según afirmaron fuentes jurídicas. El magistrado tomó esa decisión aún a pesar de que a principios de la pasada semana la fiscalía de la Audiencia Nacional había asegurado que, por el momento, no se iba a solicitar la entrega a España del dirigente etarra. Garzón acompaña su petición de los datos contenidos en el auto de procesamiento ditado contra «Antza» el 5 de febrero de 2002, en el que se le acusa de integración en el entramado constituido por ETA-EKIN y KAS.

Según el juez en el auto, a través de ese colectivo, el «aparato político» de la banda se encargaba de la adquisición en el mercado internacional de armas, explosivos y distintos materiales necesarios para la actividad terrorista. Por otra parte, fuentes de la lucha antiterrorista aseguraron ayer a Ep que la verdadera intención de ETA con los artefactos que se descubrieron los pasados 25 y 26 de septiembre en Guipúzcoa y Huesca era provocar «un gran apagón» a ambos lados de la frontera con Francia.

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