Caldera echa leña al problema de la inmigración

Esta claro que no existe voluntad política de solucionar el problema de la inmigración. El PSOE no quiere apearse de la demagogia y fijar un sistema de precontratos previos supervisados por la administración pública, que permita adecuar el flujo migratorio a la demanda empresarial.

El nuevo Reglamento de Extranjería que planea Caldera, prevé un extraño mecanismo de regularización para quienes se encuentran trabajando ilegalmente en España: si un trabajador extranjero en situación irregular denuncia a su empleador y demuestra que su relación laboral ha durado al menos un año, obtendrá el permiso de residencia. El empresario deberá hacer frente con carácter retroactivo a todas sus obligaciones y será multado. Pero esa sanción se perdonará en caso de que liquide las deudas con el trabajador y con los organismos públicos correspondientes y mantenga contratado durante al menos un año más al trabajador.

Recordamos que la Ley General de la Seguridad Social de 1994 contemplaba ya algo parecido respecto a la afiliación del trabajador. En caso de que el empresario no diese de alta al trabajador, el mismo podía directamente instar la afiliación al sistema de Seguridad Social, sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades en que las empresas hubieran incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones y de que se impongan las sanciones que sean procedentes. La experiencia derivada de la aplicación de tal norma ha demostrado su escasa incidencia y por tanto una eficacia prácticamente nula.

El proyecto de Caldera copia esa formula, pese a su contrastada ineficacia. Pero además no quiere sancionar ni al que ha entrado ilegalmente en España, ni al empresario explotador que usando la mano de obra ilegal, contribuye al efecto llamada, defrauda a las administraciones públicas y supone una competencia desleal para los empresarios respetuosos con la ley. Como en todas las políticas “progresistas” son los carotas, los sinvergüenzas, quienes salen beneficiados en detrimento de las personas honradas que cumplen las normas.

Ingenuamente el Sr. Caldera considera que la medida será buena para acabar con los contratos leoninos que genera la economía sumergida. Mucho nos tememos que salvo en el caso de la contratación del servicio domestico, donde el empleador, evidentemente no es ningún mafioso desalmado, en el resto de supuestos su medida sólo reforzará el papel de las mafias que trafican con seres humanos, que se apresuraran a usar fraudulentamente la norma para vender las condiciones que permitan obtener el permiso de residencia.

En definitiva nuevo parche legislativo que elude coger el toro de la inmigración por los cuernos.

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